ESCANDALOSO: CONGRESISTA ACUÑA PRESENTÓ CERTIFICADOS FALSOS PARA APROPIARSE DE UNA EXTENSA PROPIEDAD

Desde el 2008 Rosa Núñez y sus hijos Richard y Kelly, intentan quedarse ilegalmente con el predio a pesar que la Suprema ya les ordenó que lo entreguen a legítimos propietarios. • Siendo congresista en el 2012, Acuña presentó 3 certificados falsos de posesión, firmados supuestamente por una jueza de paz que ni siquiera estaba nombrada en el 2004, fecha de los certificados. 

El actual segundo Vicepresidente del Congreso ha sido denunciado ayer por el programa de investigación periodística Panorama, por la presunta apropiación ilícita de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo a través de un fraude que incluye la falsificación de varios documentos públicos, a lo que el legislador ha contestado mediante comunicado público que el caso se remonta al 2004, cuando él no ejercía el cargo de congresista, además que él siempre es respetuoso de los fallos judiciales, pero una vez más el parlamentario miente descaradamente y además es reincidente en estos casos. Veamos el por qué y revisemos esta larga y penosa historia.  

Todo se inicia el año 2000, en esa fecha la Inmobiliaria San Vicente, perteneciente a una antigua familia trujillana, los Gonzáles de Orbegoso, reconocidos por haber donado grandes extensiones de terreno a la ciudad, inician un juicio por reinvindicación a José García Marcelo, un conocido promotor de invasiones de la zona.

El terreno en litigio tenía cerca de 20 mil metros, y era parte de la fases 19,20 y 21 de la V etapa de la Urbanización San Andrés, terreno urbanizado por la Inmobiliaria San Vicente desde el siglo pasado, sin embargo García Marcelo invadió esta área y empezó a vender los terrenos, sin embargo en el 2008, la II Sala Civil confirmó la sentencia de primera instancia que le daba la razón a la inmobiliaria. En ese año aparece Rosa Núñez, la ex esposa de César Acuña como posesionaria del bien, sin embargo los representantes de la inmobiliaria le advierten que no adquiera el predio pues se hallaba en litigio y el vendedor no tenía posesión legítima, sin embargo Rosa Núñez hizo caso omiso y empezó a construir en el lugar.

Aparecen los Acuña

En el 2009 la Corte Suprema en recurso de casación dio la razón a la inmobiliaria y notificó al juzgado de origen para que ejecute el lanzamiento, desde entonces los Acuña Núñez han hecho varias dilataciones al proceso a fin de no entregar el bien, a pesar que el juicio civil ya había culminado y debían entregar el inmueble de inmediato conforme a la orden judicial.

Ese mismo año, Rosa Acuña transfiere la propiedad a sus jóvenes hijos Richard Frank y Kelly Rosalyn, quienes de inmediato presentan oposición y piden la nulidad de la sentencia alegando increíblemente que eran posesionarios desde el 2004 (era evidente que querían acogerse a la ley que establece cinco años como mínimo para pedir la prescripción), a pesar que una inspección judicial hecha en el 2005 estableció que el terreno era un sembrío de coliflores con una choza para los guardianes.

Papelito manda

En el 2012 los Acuña Núñez, ya estando elegido congresista Richard Frank, sacan su carta bajo la manga: adjuntan al caso tres certificados de posesión y domiciliarios del 2004 firmados por los jueces de paz Tania Rojas Vásquez y Elmer Morales Barragán y lo presentan al juzgado, es decir la presentación de estos certificados falsificados, ese delito, se produjo siendo congresista y no en el 2004, como afirma un comunicado difundido hoy por el congresista.

¿Por qué son falsificados los documentos?, porque la juez de paz Rojas Vásquez ha declarado recién ante fiscalía que la firma, letra y sello que aparece en el documento no son suyos. Pero no solo eso, además afirmó que el 21 de noviembre del 2004 (fecha de expedición del certificado) no era juez de paz y que tampoco conoce a Richard Acuña. "La firma que se me atribuye es una firma grotesca", ha dicho.

Por último, en un documento que incluso ya hace innecesario una pericia grafotécnica que ha solicitado el desubicado y balbuceante abogado de Richard Acuña, el Dr. Carlos Uriarte, sobre la firma de la jueza, pues la propia corte Superior de Justicia de La Libertad envió en julio de este año el dato exacto que desbarata toda la mentira de los Acuña Núñez: la jueza de paz Tania Vásquez ejerció el cargo desde agosto del 2005 hasta noviembre del 2009. Caso cerrado: jamás habría podido firmar ningún certificado pues no era jueza en la fecha que se expide el certificado.

La prescripción ilegal

Pero los Acuña no se quedaron tranquilos, al ser rechazados en todas las instancias y seguir en pie el lanzamiento del predio, el “respetuoso de los mandatos judiciales” siguió en rebeldía e inició una prescripción registral, con la presunta complicidad del notario Manuel Anticona Aguilar, quien se hizo de la vista gorda con el hecho que el litigio vigente bloqueaba el proceso de prescripción, y que Kelly Acuña Núñez figuraba con su número de DNI en los certificados “truchos”, cuando en ese momento todavía era menor de edad y era imposible que tuviera DNI.

Al no tener ninguna respuesta ni intención de la devolución del terreno, los abogados de la Inmobiliaria interpusieron el año pasado una denuncia penal contra los Acuña Núñez, ante la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa a cargo de Ana Cristina Vigo Ordóñez, por la presentación de los certificados falsos, y por el intento de prescripción registral.

Finalmente, el congresista de Alianza para el Progreso ha sido denunciado por los presuntos delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica y fraude procesal. La fiscal se encuentra en pleno proceso de investigación preparatoria, pero ya ha solicitado por lo pronto que se levante la inmunidad parlamentaria del Segundo Vicepresidente del Congreso para investigarlo. En un intento de zafarse del caso, la propiedad, sin ser de él, pues ya estaba emitida la sentencia definitiva por la Corte Suprema, fue vendida por Richard Acuña a su hermana en el 2012 y luego ésta la vendió a una empresa en la que su madre, Rosa Núñez, aparece como gerente general. Estas transferencias dilatorias no borran todos los delitos cometidos y se espera el pronto pronunciamiento de la Comisión de Ética. Los Acuña siguen posesionados en el lugar a pesar de la sentencia de la Suprema y a pesar de haberse probado la manera ilegal cómo pretendió prescribir la propiedad. El abuso y la arrogancia del poder se conjugan en un apellido.

FUENTE: unadelchoyo.lamula.pE